- Salud Afirma Que Los Suicidios Van A La Baja
- Fiscalía Reporta Más De 400 Casos Cada Año
- Déficit De Especialistas En Salud Mental
- Urge Claridad Y Coordinación Entre Instituciones
- El Debate Refleja Un Problema Social Grave
La Secretaría de Salud Estatal y la Fiscalía mantienen versiones distintas sobre los suicidios en Nuevo León. Mientras Salud asegura que los casos disminuyeron después de la pandemia, la Fiscalía insiste en que se mantienen al alza y superan los 400 por año. Esta diferencia de criterios genera preocupación, pues refleja la falta de claridad en un tema sensible para la sociedad.
Salud Afirma Que Los Suicidios Van A La Baja
Durante una conferencia de prensa, la secretaria de Salud estatal, Alma Rosa Marroquín, señaló que los suicidios en Nuevo León no muestran un repunte sostenido tras el Covid-19.
La funcionaria explicó que 2022 fue el año más crítico, con un registro de 385 casos. Sin embargo, aseguró que en 2023 y 2024 comenzó una tendencia a la baja. Según sus palabras, la tasa actual es de 6.2 por cada 100 mil habitantes, cifra que coloca a la entidad en el promedio nacional.
De acuerdo con la Secretaría, el encierro, la suspensión de actividades escolares y la crisis económica durante la pandemia explican el incremento en los suicidios. Una vez reactivada la vida social, las cifras habrían comenzado a estabilizarse.
Salud presentó además una gráfica con datos de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía estatal y de la Dirección de Planeación de la dependencia. Sin embargo, esta información no coincide con las estadísticas que difunde directamente la Fiscalía.
Fiscalía Reporta Más De 400 Casos Cada Año
Por su parte, la Fiscalía de Justicia estatal sostiene que los suicidios en Nuevo León siguen en aumento. Según sus registros, desde 2020 la entidad ha superado los 400 casos anuales, una cifra superior a la manejada por la Secretaría de Salud.
La discrepancia es de alrededor de 40 casos cada año. Aunque la diferencia pueda parecer pequeña en términos estadísticos, en materia de salud mental significa decenas de personas y familias afectadas. Para colectivos de prevención, no es un detalle menor, sino un signo de descoordinación institucional.
La Fiscalía asegura que sus números provienen de investigaciones periciales y por ello reflejan con mayor exactitud la realidad. Para especialistas, lo más grave no es la diferencia numérica en sí, sino que dos instituciones estatales que deberían trabajar juntas no coincidan en la magnitud del problema.
La falta de una cifra clara no solo afecta a la credibilidad del gobierno. También complica el diseño de políticas públicas, pues sin un diagnóstico real resulta imposible implementar estrategias eficaces de prevención.
Déficit De Especialistas En Salud Mental
Más allá de la disputa por las cifras, la Secretaría de Salud admitió que en el estado existe un déficit grave de especialistas en salud mental.
Actualmente, las instituciones públicas cuentan con un número reducido de psicólogos y psiquiatras, insuficiente para atender la demanda. Como medida de emergencia, se ha capacitado a médicos generales para que puedan detectar señales tempranas de riesgo entre pacientes.
Marroquín reconoció que el problema es estructural y que el gobierno estatal necesita invertir en la formación de más profesionales. Sin embargo, colectivos y familiares de víctimas aseguran que los esfuerzos son limitados y que la atención de salud mental sigue siendo un área olvidada.
Para estos grupos, la contradicción en las cifras es un reflejo de cómo se minimiza un problema que requiere mayor seriedad. Consideran que mientras no haya recursos suficientes y políticas de prevención claras, las cifras seguirán siendo alarmantes.
Urge Claridad Y Coordinación Entre Instituciones
La disparidad entre Salud y Fiscalía deja claro que falta coordinación entre instituciones. Organizaciones civiles han exigido que se unifiquen los registros y se transparente la metodología usada en cada caso.
La falta de un sistema confiable provoca que las estrategias de prevención no estén bien enfocadas. Además, genera desconfianza en la ciudadanía, que percibe a las autoridades como incapaces de dar respuestas claras en un tema de vida o muerte.
Expertos en salud pública advierten que contar con datos fragmentados es un obstáculo serio. La planeación de políticas debe basarse en información sólida y confiable, especialmente cuando se trata de prevenir tragedias humanas.
Por ello, señalan que el estado debe trabajar en construir un sistema de información único, accesible y confiable que permita comprender la verdadera dimensión del fenómeno de los suicidios en Nuevo León.
El Debate Refleja Un Problema Social Grave
El choque de cifras no solo es un asunto burocrático. Los suicidios en Nuevo León representan un problema de salud pública que afecta a familias enteras y que visibiliza la falta de atención a la salud mental en el estado.
Mientras la Secretaría de Salud defiende que las cifras muestran una ligera mejoría, la Fiscalía advierte que la situación sigue siendo crítica. Esta disputa deja en medio a la población, que necesita soluciones y no excusas.
La conclusión es clara: Nuevo León requiere un compromiso serio para enfrentar esta crisis. Se necesitan más especialistas, mayor presupuesto y campañas de prevención amplias y efectivas. Pero, sobre todo, se necesita que las autoridades hablen el mismo lenguaje y no generen confusión en torno a un problema que ya es doloroso por sí mismo.
Sin información clara, las familias afectadas seguirán enfrentando el duelo con la sensación de que las instituciones no están a la altura. La falta de coordinación no solo afecta las estadísticas, también retrasa la esperanza de quienes piden atención y soluciones.
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