El caso de una familia tzotzil en Nuevo León puso al DIF en el centro de la polémica. Tras acusaciones de trata de menores, las autoridades separaron a dos niños de sus padres. Aunque un estudio de ADN confirmó el parentesco, el DIF mantiene condiciones para devolverlos, lo que generó críticas de activistas y cuestionamientos legales.
Señalamientos Contra El DIF Por Maltrato Institucional
La activista y ex Secretaria de Participación Ciudadana, Ximena Peredo, denunció que la familia fue víctima de un maltrato institucional. Criticó que tanto el DIF como la Fiscalía actuaron sin pruebas suficientes al retener a los menores.
El caso inició porque los padres no contaban con actas de nacimiento que acreditaran el parentesco. A raíz de esa ausencia de documentos, se sospechó que operaban como una red de trata. La decisión fue separar a los pequeños e internarlos en Capullos.
La presión de activistas y de la sociedad civil obligó a realizar pruebas de ADN. El resultado confirmó que los menores son hijos biológicos de la pareja. Sin embargo, la devolución no ocurrió, lo que aumentó las críticas hacia el DIF.
Exigen Explicaciones Por Retención De Los Menores
Tras conocerse el resultado genético, se esperaba que los niños regresaran a casa. No obstante, el DIF señaló que solo entregará a los menores cuando se cumplan dos requisitos: que los padres cuenten con actas de nacimiento y que la vivienda tenga condiciones adecuadas.
Peredo cuestionó la lógica de esta decisión. En su opinión, se trató a los padres como delincuentes sin pruebas y se provocó un daño moral irreparable. Recordó que los pequeños, uno de ellos de apenas dos años, fueron llevados a una institución sin comprender lo que ocurría.
También criticó que no se ofreciera una disculpa pública a la familia. En lugar de ello, se les impuso un nuevo conjunto de trámites y obligaciones. Esto, afirmó, representa una forma de revictimización institucional.
Contexto Cultural Ignorado En El Caso Del DIF
Otro punto señalado es la falta de sensibilidad hacia las costumbres indígenas. En algunas comunidades tzotziles, el acta de nacimiento no tiene la misma relevancia que en entornos urbanos, pues el Estado rara vez otorga beneficios a esas poblaciones.
Peredo advirtió que en Nuevo León se están realizando redadas contra familias indígenas. Según sus palabras, al menos 30 niñas y niños han sido detenidos por aparentar “situaciones sospechosas” en la vía pública.
Este enfoque, denunció, criminaliza la pobreza y la diferencia cultural. En lugar de proteger los derechos de los menores, el DIF y la Fiscalía estarían reforzando prácticas discriminatorias que vulneran a las familias más vulnerables.
Críticas Sociales Al Manejo Del DIF Estatal
El caso encendió el debate sobre el papel del DIF en la protección infantil. La organización Zihuame Mochilla acompañó a los padres durante el proceso y señaló que no existía base jurídica para retener a los menores tras confirmarse el parentesco.
Activistas exigen transparencia sobre bajo qué figura legal se separó a los niños de sus padres. Reclaman que las instituciones actúen con perspectiva intercultural y eviten decisiones que generan mayor vulnerabilidad en comunidades indígenas.
La polémica no solo cuestiona el caso específico, sino también la actuación del DIF en otros escenarios. El riesgo de abusar de facultades sin justificación legal pone en entredicho la confianza ciudadana en las instituciones que deberían proteger a la niñez.
Implicaciones Legales Y Sociales Del Caso DIF
Los especialistas consultados advierten que este caso podría abrir un debate legal. Si el DIF actuó sin base normativa, la familia podría demandar una reparación del daño. Esto incluiría tanto medidas administrativas como disculpas públicas por el mal trato recibido.
Más allá de lo legal, el aspecto social es igualmente grave. El hecho alimenta la desconfianza hacia las autoridades estatales y la percepción de que existe una persecución hacia comunidades indígenas.
Organizaciones de derechos humanos sostienen que los procedimientos deben revisarse. Separar a niños de sus padres es una medida extrema que solo puede justificarse con pruebas claras de riesgo. En este caso, esas pruebas nunca existieron.
Futuro Del Caso Y Demandas A La Autoridad
La familia Hilario, protagonista de esta historia, continúa esperando que sus hijos regresen a casa. Mientras tanto, el DIF mantiene los requisitos burocráticos como condición para la reunificación.
Activistas seguirán presionando para que se agilice el proceso y se garantice que no vuelva a repetirse una situación similar. También pidieron que el Congreso local revise los protocolos del DIF y de la Fiscalía para evitar abusos en futuros casos.
El futuro del caso dependerá de la capacidad de las autoridades para reconocer errores y corregirlos. La pregunta que queda abierta es cómo se reparará el daño moral causado a esta familia y a otras que atraviesan procesos semejantes.
Array
