La zona citrícola de Nuevo León, integrada por municipios como Linares, Montemorelos y Rayones, enfrenta una creciente ola de violencia que ahora ha alcanzado directamente a funcionarios y trabajadores del servicio público. En los últimos meses, los ataques violentos contra servidores municipales se han multiplicado, dejando un saldo de homicidios, desapariciones y detenciones. La inseguridad que antes se manifestaba en otros sectores, ahora ha invadido las estructuras mismas de los gobiernos locales.
Este clima de violencia se ha traducido en asesinatos, como el del subdelegado del IMSS en Montemorelos y el secretario del Ayuntamiento de Linares; así como en la huida temporal del alcalde de Rayones ante el asedio de grupos criminales. Los hechos recientes evidencian la fragilidad de las autoridades municipales ante el embate del crimen organizado, que busca ejercer control sobre estas zonas clave de la entidad.

Asesinatos sacuden a montemorelos y linares
El 3 de marzo, el subdelegado del IMSS en Montemorelos, Hugo Américo Cavazos Martínez, fue asesinado a balazos mientras conducía su camioneta por la colonia Gil de Leyva. Varios vehículos lo persiguieron hasta darle alcance, disparándole en múltiples ocasiones y provocando que perdiera el control de su vehículo. Este crimen conmocionó a la comunidad y marcó un escalamiento en la violencia contra funcionarios públicos en la región.
Meses después, el 7 de junio, otro ataque sacudió la zona. En Linares, el secretario de Ayuntamiento Juan Pulido fue asesinado a balazos frente a su domicilio, luego de haber enviado a su escolta a descansar. Un hombre armado llegó en motocicleta, tocó la puerta y, al abrir, Pulido fue atacado. Aunque aún fue trasladado con vida en helicóptero hacia un hospital al sur de Monterrey, falleció en el trayecto debido a la gravedad de sus heridas.
Rayones: el miedo paraliza al gobierno local
No solo los asesinatos han generado temor. En abril, habitantes de Rayones denunciaron el clima de terror que se instaló en el municipio tras la presencia de grupos armados que instalaron retenes ilegales. La tensión obligó al alcalde Rolando Montoya a abandonar el municipio de forma temporal y al cierre del palacio municipal durante varios días. Las actividades del ayuntamiento se redujeron al mínimo, mientras los ciudadanos enfrentaban semanas de incertidumbre.
Estas situaciones demuestran que la violencia no solo impacta a las víctimas directas, sino que debilita el funcionamiento de las administraciones municipales, dejando a las comunidades prácticamente desprotegidas.
Detenciones y presunta complicidad policial
Tras el asesinato de Juan Pulido, la Fiscalía de Nuevo León abrió una investigación contra la policía municipal de Linares por posibles vínculos en desapariciones forzadas. El 9 de junio fue detenido el director de la corporación, Ernesto “N”, acusado por la desaparición de al menos dos personas. Días después, el 11 de junio, fueron aprehendidos cinco escoltas más, también señalados en la misma investigación.
El involucramiento de policías municipales en delitos de desaparición forzada refleja la profunda vulnerabilidad de los gobiernos locales frente a los cárteles que operan en la región. Ante esta situación, Fuerza Civil asumió temporalmente las labores de seguridad en el municipio.
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