En una decisión que ha generado críticas, el Gobierno estatal de Nuevo León designó como Subsecretario de Asuntos Jurídicos y de Atención Ciudadana a Héctor Mateos Urbina, un abogado ampliamente conocido por haber defendido a emecistas señalados por posibles actos de corrupción.
El nombramiento fue formalizado el pasado jueves por el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores. Sin embargo, debido al reacomodo interno del gabinete de Samuel García, la Subsecretaría ahora se encuentra bajo la coordinación de Javier Navarro, al frente del Gabinete de Buen Gobierno.
La designación de Mateos Urbina ha encendido las alarmas por su estrecha cercanía con el grupo político en el poder. Su carrera reciente ha estado enfocada en proteger legalmente a varios funcionarios emecistas implicados en investigaciones por desvíos de recursos, uso de empresas fantasma y hostigamiento.
En lugar de impulsar perfiles con trayectoria institucional o experiencia en servicio público, el Gobierno de Samuel García optó por colocar en el cargo a un abogado cuya principal carta de presentación es haber blindado a los suyos.
De defensor de emecistas corruptos a funcionario de gobierno
Héctor Mateos Urbina no es un desconocido en el ámbito legal del Estado. Desde 2019 es socio del despacho Mateos Hoyt y Asociados. A partir de 2023, su nombre comenzó a aparecer frecuentemente como representante legal de funcionarios emecistas investigados por diferentes instancias.
Durante 2023 y 2024, el abogado tuvo una participación activa en la defensa de al menos 29 funcionarios estatales, todos vinculados a la administración de Samuel García. Las denuncias iban desde presuntos contratos irregulares hasta casos de acoso y hostigamiento laboral.
Uno de los expedientes más comentados fue el del actual Diputado local Glen Villarreal. Este ex funcionario de Comunicación fue señalado por posibles operaciones con empresas factureras que habrían manejado más de 25 millones de pesos. Otro caso fue el de Blas Escamilla, quien se desempeñaba como director de inspectores en la Secretaría del Trabajo y fue acusado por conductas de hostigamiento hacia empleados.
Estos antecedentes no fueron obstáculo para que el Gobierno estatal lo incluyera ahora en su estructura formal. Muy por el contrario, parecen haber sido su principal mérito.
Ligado al entorno cercano del poder
La trayectoria de Mateos Urbina en la defensa de emecistas va más allá de casos aislados. En junio de 2023, el propio abogado presentó una lista de personajes a los que había representado legalmente, todos ellos integrantes del núcleo duro del Gobierno estatal.
Entre sus clientes se encontraba el propio Gobernador Samuel García, así como los entonces Secretarios de Gobierno, Javier Navarro, y de Medio Ambiente, Félix Arratia. También defendió al ahora Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, cuando este encabezaba la Oficina Ejecutiva de la Gubernatura.
Este historial no solo muestra la cercanía del abogado con los círculos de poder, sino que refuerza la percepción de que su nuevo cargo es parte de una lógica de recompensa y protección política.
Subsecretaría convertida en refugio político
El nombramiento de Mateos Urbina como Subsecretario de Asuntos Jurídicos evidencia la manera en que el Gobierno estatal de Nuevo León está utilizando las instituciones públicas. Lejos de ser una instancia de atención ciudadana y asesoría jurídica con independencia, la Subsecretaría se convierte ahora en un refugio para figuras afines al poder.
El propio abogado señaló haber desahogado más de 80 audiencias relacionadas con funcionarios emecistas, lo que implicó alrededor de 600 horas de trabajo legal. Esta intensa actividad no se tradujo en una crítica al sistema, sino en un ascenso dentro de él.
Colocar a un defensor de presuntos actos de corrupción al frente de una oficina clave en materia jurídica y ciudadana solo debilita la confianza pública. También cuestiona la narrativa oficial de un gobierno que dice combatir la corrupción pero que, en los hechos, premia a quienes la encubren.
En lugar de fortalecer la legalidad, se refuerzan las redes de impunidad. La llegada de Héctor Mateos Urbina a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y de Atención Ciudadana no es un hecho menor. Confirma la estrategia del Gobierno estatal de proteger a su grupo político por encima del interés público.
En tiempos donde la transparencia y la legalidad deberían ser pilares del servicio público, este tipo de nombramientos mandan el mensaje opuesto. El gobierno de Nuevo León continúa colocando a emecistas cercanos en cargos clave, sin rendir cuentas ni reconocer los conflictos de interés que esto representa.
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