La narrativa oficial de modernidad, conectividad y progreso fronterizo impulsada en Nuevo León ha chocado de frente contra un severo expediente internacional. Mientras las cuentas oficiales exhibían cortes de listón y obras de infraestructura en el puerto Colombia, los registros contables estatales alimentaban las finanzas de una empresa señalada directamente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una pieza operativa y financiera del Cártel del Noreste (CDN).
No se trata de una inconsistencia menor ni de un desliz administrativo aislado. Documentación fiscal confirma que la administración encabezada por Samuel García Sepúlveda canalizó 427 millones 926 mil 154 pesos (con IVA incluido) hacia Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA). La suma se distribuyó en 39 comprobantes fiscales emitidos entre julio de 2022 y noviembre de 2025 mediante la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León (Codefront).
Esta cifra representa casi cuatro veces el monto que investigaciones periodísticas previas habían logrado documentar mediante plataformas de transparencia, demostrando que la relación comercial no solo fue constante, sino que experimentó un crecimiento exponencial año tras año.
El desglose de los recursos: Un flujo que nunca se detuvo
El comportamiento de los pagos realizados a CEGESA revela un patrón de facturación ascendente dentro de la estructura presupuestal de Codefront:
- 2022: 21.5 millones de pesos en el primer año de relación contractual.
- 2023: 85.6 millones de pesos.
- 2024: 153 millones de pesos.
- 2025: 167.8 millones de pesos, alcanzando una cifra casi ocho veces mayor que la del inicio del sexenio.
El pico más alto de este esquema se registró el 1 de septiembre de 2025, cuando la constructora emitió una sola factura por 50.4 millones de pesos.
En el panorama general de la compañía, asentada en el municipio de Anáhuac —el mismo donde se ubica el paso fronterizo—, el gobierno estatal se consolidó como su principal cliente público. De los más de 1,779 millones de pesos que CEGESA facturó globalmente entre 2020 y 2025, uno de cada cuatro pesos provino directamente de la entidad encargada de administrar la zona fronteriza neoleonesa.
| Año | Facturación Anual a Codefront |
| 2022 | $21.5 MDP |
| 2023 | $85.6 MDP |
| 2024 | $153.0 MDP |
| 2025 | $167.8 MDP |
Los sealamientos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
La gravedad del caso escaló a nivel internacional cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. formalizó sanciones contra CEGESA, su propietario Gamaliel Garza García y su hijo Gamaliel Garza Elías. Según los reportes del gobierno estadounidense, la empresa no operaba como un contratista común:
- Adjudicación corrupta: Obtenía licitaciones públicas de forma irregular para posteriormente subcontratar las obras a integrantes del CDN.
- Financiamiento electoral: La estructura empresarial servía como canal para inyectar dinero en efectivo a campañas de candidatos afines a la organización delictiva.
- Integración vertical: Para cerrar el círculo operativo, se creó Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA), entidad encargada de proveer los materiales de construcción. Entre 2024 y 2025, COPASA facturó a CEGESA más de 159 millones de pesos.
Ambas compañías figuraban dentro del reducido grupo de constructoras a las que el grupo criminal permitía operar en plazas estratégicas como Nuevo Laredo.
Presencia física en las obras emblemáticas del estado
Los contratos entregados a la compañía no corresponden a insumos menores o servicios intangibles. CEGESA intervino directamente en el Centro de Facilidades al Comercio Internacional del Puerto Colombia:
- Edificación de casetas y carriles de acceso (obras superiores a los 70 millones de pesos).
- Habilitación de lotes operativos.
- Construcción de la fachada del parador turístico.
Mientras el gobernador celebraba en eventos públicos las ampliaciones de los carriles de exportación hacia Texas, las fechas de inauguración coincidían con la emisión de facturas de alto valor. Por ejemplo, solo una semana antes de que el mandatario cortara el listón de dos nuevos carriles en agosto de 2025, la constructora cobró 25.9 millones de pesos; tres semanas después de ese acto, ingresó la factura récord de 50.5 millones.
La cadena de mando e impunidad institucional
La estructura de las adjudicaciones deja al descubierto la responsabilidad directa del gabinete de Samuel García. Los contratos oficiales fueron firmados por Marco Antonio González Valdez, quien se desempeña simultáneamente como Secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario y director general de Codefront.
Tras hacerse pública la sanción del gobierno de Estados Unidos, la postura del ejecutivo estatal consistió en deslindarse argumentando que la empresa cumplía formalmente con los requisitos legales y que su reputación era “intachable” antes del señalamiento internacional. Por su parte, la Secretaría General de Gobierno turnó el caso a la Contraloría del Estado para llevar a cabo una investigación interna.
El problema de esta respuesta radica en el evidente conflicto de interés dentro de la jerarquía estatal:
El gobernador designó al secretario que entregó los contratos multimillonarios, y ese mismo gobernador es el jefe directo de la Contraloría encargada de investigar la legalidad de los pagos.
Este expediente no es un hecho aislado dentro de la gestión estatal. Se suma a las acusaciones tramitadas en el Congreso local por presuntas triangulaciones de recursos hacia despachos y empresas vinculadas al entorno familiar del gobernador, configurando un escenario de severa opacidad institucional.
Resumen del caso
En conclusión, el gobierno de Samuel García destinó más de 428 millones de pesos procedentes del erario a una constructora vinculada operativamente con el Cártel del Noreste, de acuerdo con determinaciones oficiales del Departamento del Tesoro de EE. UU. Pese a los señalamientos sobre financiamiento ilícito a campañas y asignaciones irregulares, la red de fiscalización estatal permanece bajo el control del mismo equipo ejecutivo que autorizó los pagos, dejando en evidencia la fragilidad de las instituciones locales frente a la infiltración del crimen organizado.
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