Los reportes de fiscalización presentados por el auditor Alejandro Reynoso Gil ante el Congreso del Estado detallan presuntos desvíos entre Samuel y papá, el abogado Samuel García Mascorro, mediante un esquema de triangulación bancaria que asciende a cerca de 1,700 millones de pesos. De acuerdo con los expedientes de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL), los recursos públicos habrían transitado desde diversas dependencias estatales y organismos descentralizados hacia cuentas vinculadas con la Firma Jurídica y Fiscal, despacho en el que ambos figuran como socios.
A diferencia de las observaciones generales de la Cuenta Pública, este desglose técnico presentado por la Unidad de Investigación de la ASENL se centra específicamente en el rastreo de las operaciones bancarias de la familia del gobernador.
Las cuatro rutas financieras y el rastro bancario hacia la Firma Jurídica y Fiscal
Para explicar cómo desvió dinero el papá de Samuel García según la hipótesis de los auditores estatales, el informe presentado por Alejandro Reynoso Gil divide el monto total de 1,696.6 millones de pesos en dos grandes bloques financieros: por un lado, 968.5 millones de pesos correspondientes a depósitos directos realizados por contratistas que mantienen investigaciones abiertas; por otro, 728.1 millones de pesos dispersados a través de cuatro rutas específicas de proveedores estatales.
Los registros bancarios documentados por la ASENL describen una ingeniería corporativa basada en empresas puente, incluyendo constructoras, comercializadoras, firmas de servicios y proveedoras de equipamiento. Según el documento oficial, una de las constructoras involucradas recibió 5,851 millones de pesos de la Tesorería estatal y posteriormente transfirió 5,154.6 millones a una empresa subsidiaria, desde donde se enviaron 385.3 millones de pesos directamente a las cuentas de la Firma Jurídica y Fiscal.
El rastreo de los estados de cuenta también expone movimientos inmediatos entre sociedades mercantiles e inmobiliarias. En una de las operaciones auditadas, un proveedor estatal depositó 261.4 millones de pesos al despacho fiscal y, exactamente veinticuatro horas después, se ejecutó una transferencia por 262 millones de pesos hacia una empresa del sector inmobiliario, replicando los patrones de adquisición de propiedades que ya son materia de revisión a nivel federal.
Observaciones en el DIF Nuevo León y obras en el Centro Capullos
La revisión contable de la ASENL también alcanzó los programas de asistencia social operados desde el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo León, institución vinculada políticamente a Mariana Rodríguez Cantú, esposa del mandatario estatal. El reporte señala irregularidades tanto en el abasto de insumos alimentarios como en la ejecución de infraestructura asistencial.
En el rubro de suministros, la auditoría documentó que el organismo estatal pagó 1,953 millones de pesos a una empresa de alimentos que dispersó el capital entre cinco filiales antes de transferir 23.3 millones de pesos al despacho familiar. Al revisar los precios unitarios facturados, los auditores detectaron sobreprecios respecto al mercado mayorista en productos básicos, registrando cobros de 300 pesos por kilogramo de chayote, 250 pesos por kilogramo de aguacate y 200 pesos por kilogramo de tomate.
Paralelamente, los expedientes de fiscalización incorporaron señalamientos sobre los contratos de remodelación en el DIF Capullos, cuestionando los montos asignados y la comprobación documental de las obras ejecutadas en dicho centro asistencial, además de pagos de nómina estatal realizados a colaboradores vinculados con empresas privadas del entorno familiar de Rodríguez Cantú.
Contratos de medicamentos en el Isssteleón y la UANL
Otro apartado del informe técnico aborda las adquisiciones en el sector salud y universitario, señalando operaciones conjuntas entre el Isssteleón y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). De acuerdo con los datos expuestos ante los legisladores, ambas instituciones realizaron pagos que suman 420.6 millones de pesos a favor de la distribuidora Medicazel por concepto de suministro de fármacos especializados, principalmente tratamientos oncológicos.
El seguimiento financiero realizado por la Unidad de Investigación indica que una compañía que comparte el mismo domicilio fiscal que dicha distribuidora transfirió 74.1 millones de pesos hacia la Firma Jurídica y Fiscal y a otras sociedades relacionadas con Samuel Orlando García Villarreal, medio hermano del gobernador Samuel García. La ASENL subrayó que estas transferencias obligan a auditar no solo la ruta del dinero, sino la entrega física y oportuna de los medicamentos a los derechohabientes.
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