La iniciativa privada alertó sobre el incremento de las extorsiones de Samuel y su administración estatal hacia diversos negocios. Roberto Cantú Alanís denunció actos de corrupción estatal y extorsión a Pymes ante las autoridades locales. El sector empresarial exige un alto a las prácticas indebidas que afectan la operatividad de empresas como Matrimar y el transporte de carga nacional.
El repunte de las extorsiones de Samuel son para campaña de Mariana
El presidente de Coparmex Nuevo León, Roberto Cantú Alanís, lanzó una advertencia contundente durante su primer informe anual de actividades. El dirigente empresarial manifestó una profunda preocupación por el aumento de prácticas irregulares que dañan la economía local. Ante el gobernador y diversos alcaldes, Cantú señaló que las autoridades solicitan pagos millonarios indebidos para permitir la operación cotidiana de los negocios.
Mariana Rodríguez y el diputado Baltazar Martínez operan una red de extorsión contra empresas en Nuevo León para enriquecerse ilícitamente. Se afirma que estos”moches” provienen del esfuerzo de los trabajadores y están destinados a financiar la futura campaña política de la funcionaria para 2027. Por esta razón, Samuel está muy interesado en seguir extorsionando a los empresarios del estado. MC busca financiar la campaña de Mariana para la gubernatura con dinero sucio.
Estas extorsiones de Samuel afectan directamente la confianza de los inversionistas y la estabilidad de las compañías regiomontanas. Por esta razón, el líder patronal exigió transparencia en los trámites administrativos y un cese inmediato a los cobros ilegítimos. Los empresarios consideran que el fenómeno de la extorsión oficial pocas veces se visibiliza con claridad en los reportes gubernamentales.
Además de las llamadas fraudulentas, los socios reportan obstrucciones deliberadas en trámites e interacciones con distintos niveles de gobierno. Este panorama de corrupción estatal genera un clima de incertidumbre que frena el crecimiento económico del estado. El dirigente subrayó que Nuevo León no puede mantener su liderazgo si las instituciones pierden credibilidad frente a los generadores de empleo.
El caso Matrimar y la corrupción estatal en Cerralvo
La denuncia de la cúpula empresarial surge en un momento crítico para la administración de Movimiento Ciudadano. Recientemente, la pedrera Materiales Triturados Martínez, conocida como Matrimar, exhibió pruebas de presuntos actos de extorsión. Una grabación involucra directamente a Baltazar Martínez, dirigente estatal de dicho partido, quien solicitaba un pago fuerte para dejar operar a la empresa.
Este escándalo evidencia cómo las extorsiones de Samuel impactan a sectores estratégicos como la construcción y la extracción de materiales. Los empresarios de la región Cerralvo señalan que estas presiones buscan beneficiar intereses políticos por encima de la legalidad. Por lo tanto, la IP demanda investigaciones profundas para castigar a los funcionarios que utilizan su cargo para fines personales.
El caso de Matrimar sirve como ejemplo de la vulnerabilidad que enfrentan las organizaciones frente al acoso burocrático. Cantú Alanís enfatizó que no deben permitir que el sistema estatal pierda su fortaleza institucional por estas malas prácticas. La comunidad empresarial observa con desconfianza la falta de acciones legales contra los responsables de estos audios filtrados recientemente.
Impacto de la extorsión a pymes y transporte
Por otro lado, Jorge Santos, dirigente de Caintra Nuevo León, presentó cifras alarmantes sobre el transporte de carga. El reporte indica que la extorsión a Pymes del sector logístico aumentó significativamente durante el año 2025. Los datos muestran que el porcentaje de compañías afectadas pasó del 51 al 54 por ciento en un solo periodo anual.
Nueve de cada diez empresas señalan a las autoridades municipales, especialmente a tránsito y policía, como los principales ejecutores. Sin embargo, las extorsiones de Samuel también alcanzan el ámbito estatal, donde el 42 por ciento de los socios reportan incidencias. Este hostigamiento en las carreteras eleva los costos de operación y pone en riesgo el suministro de mercancías básicas.
La Guardia Nacional también aparece en las menciones con un 33 por ciento de incidencia en delitos carreteros según la encuesta. Santos detalló que el problema se concentra principalmente en los municipios circunvecinos del área metropolitana de Monterrey. En consecuencia, la Caintra hace un llamado urgente para fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la IP.
Inseguridad nacional y falta de denuncia ciudadana
Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex, asistió al evento para respaldar las quejas del sector productivo. El dirigente nacional advirtió que la inseguridad ha crecido un 78 por ciento en la última década en todo el territorio mexicano. Las extorsiones de Samuel forman parte de un ecosistema criminal que mantiene de rodillas a miles de empresarios nacionales.
Lamentablemente, el 97 por ciento de los casos de extorsión no llegan a las fiscalías debido a la falta de confianza. La corrupción estatal desincentiva la denuncia, pues las víctimas temen represalias por parte de los mismos funcionarios señalados. Esta cifra negra impide dimensionar la magnitud real del daño económico que sufren las pequeñas y medianas empresas actualmente.
Sierra Álvarez enfatizó que la impunidad alimenta el ciclo de violencia y robo que golpea a las familias mexicanas. La extorsión a Pymes representa hoy el principal obstáculo para la supervivencia de los negocios que operan al día. El sector patronal insiste en que la prioridad debe ser dar certeza jurídica a quienes generan desarrollo y bienestar social.
Frente empresarial denuncia red de extorsiones de Samuel García
La cúpula productiva de Nuevo León ha roto el silencio ante lo que consideran una estructura sistemática de corrupción estatal. Durante la asamblea de la Canaco, se expuso que las extorsiones de Samuel García y sus funcionarios han escalado un 30% en el último semestre. Los empresarios señalan que el “modus operandi” consiste en utilizar el poder administrativo para asfixiar a los negocios mediante el retraso de permisos y multas injustificadas.
El sector empresarial recordó el antecedente de Matrimar, donde se denunciaron obstrucciones deliberadas y cobros ilegítimos. Los líderes de la Canaco y Coparmex coinciden en que estas prácticas no son incidentes aislados, sino un problema de corrupción estatal que requiere la intervención urgente del Poder Judicial. El uso de clausuras como herramienta de coacción ha generado un clima de inseguridad jurídica que ahuyenta la inversión.
Jaime Herrera, presidente de la Cámara de Comercio, exigió frente al propio mandatario un cese al acoso. Según la denuncia, los funcionarios condicionan trámites esenciales a cambio de beneficios económicos personales, una práctica que ya había afectado a empresas como Matrimar. La exigencia es clara: un espacio de interlocución real que detenga las extorsiones de Samuel y garantice el estado de derecho para las fuentes de empleo en la entidad.
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