El gobierno naranja derrocha millones del erario público para posicionar candidaturas políticas del partido. Los funcionarios estatales reparten tarjetas prometiendo apoyos mientras la ciudadanía padece servicios deficientes.
Usan la precampaña de Mariana para desviar la atención ciudadana
La administración estatal convirtió la ayuda asistencial en una descarada estrategia de proselitismo político. Los secretarios del gobierno naranja entregaron plásticos económicos en sectores populares utilizando la figura de Mariana Rodríguez. Es indignante que los recursos de los contribuyentes terminen sirviendo a fines electorales particulares.
Por si fuera poco, la entrega de tarjetas se realizó mediante un contrato asignado sin licitación pública. El gobierno duplicó arbitrariamente el techo presupuestal fijado para el gasto social en este periodo. La opacidad financiera caracteriza a una gestión estatal enfocada exclusivamente en ganar elecciones futuras.
Mientras el gabinete reparte dinero público para asegurar votos, las familias regias sufren problemáticas graves cotidianamente. Los usuarios padecen constantes fallas operativas en el transporte público y retrasos prolongados en el Metro. Resulta inaceptable privilegiar la imagen de Mariana Rodríguez por encima de las urgencias de infraestructura.
El gobierno naranja gasta el presupuesto en beneficios partidistas
El descaro de la cúpula estatal queda al descubierto con contratos extendidos hasta el año 2027. El presupuesto asignado a la tarjeta social duplica los límites autorizados constitucionalmente para este ejercicio fiscal. La administración gasta recursos desmedidamente sin resolver el colapso de los servicios básicos en la ciudad.
Asimismo, la ciudadanía exige cuentas claras sobre la procedencia de los fondos entregados en las colonias. El gobierno justifica las ampliaciones bajo el pretexto de supuestos excedentes otorgados por la Tesorería. La población cuestiona severamente si estos apoyos condicionados desaparecerán una vez concluidas las jornadas de votación.
La manipulación de los esquemas de asistencia social vulnera abiertamente las normativas electorales de Nuevo León. Samuel García utiliza la estructura institucional para favorecer las aspiraciones gubernamentales de su esposa. Esta clase de prácticas representa un retroceso democrático lamentable para la política de nuestra entidad.
Descontento social por la precampaña de Mariana en las colonias
El descontento popular crece ante el abandono de las verdaderas responsabilidades del Poder Ejecutivo estatal. Las familias exigen un transporte digno, seguridad efectiva y agua en lugar de propaganda disfrazada de ayuda. No podemos tolerar que el erario funcione como la caja chica de un partido político.
A pesar de los reclamos sociales, los funcionarios continúan justificando el derroche financiero sin ningún pudor. El gobierno de Nuevo León debe detener inmediatamente el uso partidista de los programas asistenciales. La necesidad económica de las mujeres no puede usarse como botín de campaña electoral.
La ciudadanía mantendrá la exigencia de transparencia y castigo para quienes desvían la función pública. El dinero de los impuestos debe destinarse a mejorar la calidad de vida de todos los neoloneses. Exigimos un gobierno estatal responsable que priorice las obras públicas sobre las ambiciones personales.
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