El robo y transporte ilegal de hidrocarburo sigue creciendo en Nuevo León, mientras el gobierno estatal mantiene silencio frente a una problemática que se ha convertido en un riesgo económico, social y ambiental. En recientes operativos, la Policía Federal Ministerial y la Guardia Nacional lograron importantes aseguramientos en los municipios de Escobedo y Santa Catarina, revelando redes organizadas de distribución de combustible robado y la falta de control efectivo en las rutas federales.
En Escobedo, una toma clandestina fue detectada en la carretera a Monclova. En Santa Catarina, dos tractocamiones con 112 mil litros de combustible fueron detenidos sin que sus conductores pudieran acreditar la procedencia legal del producto. Ambos operativos fueron posibles gracias a la intervención de las fuerzas federales, mientras el gobierno estatal, encabezado por Samuel García, permanece al margen y sin acciones visibles para combatir este delito.
Toma clandestina de hidrocarburo en Escobedo
En el kilómetro 2 de la carretera a Monclova, en el municipio de Escobedo, autoridades federales descubrieron una toma clandestina de hidrocarburo, misma que fue inhabilitada en un cateo liderado por la Fiscalía General de la República (FGR). La localización exacta del sitio es cercana a la intersección con la carretera a Colombia, lo que podría indicar una zona estratégica para el traslado y almacenamiento del combustible robado.
Durante la intervención fueron asegurados múltiples vehículos y partes automotrices que sugieren una operación de gran escala. Entre lo decomisado se encuentran 18 cajas de tráiler, tres remolques, dos plataformas, cuatro tractocamiones y 393 partes de vehículos y carrocerías. Además, se incautó una manguera de alta presión de 28 metros, que habría sido utilizada para la extracción o traslado del hidrocarburo.
El tamaño de la operación y el equipo asegurado evidencia una red de logística ilegal bien estructurada, operando con aparente impunidad. Cabe destacar que este hallazgo se dio en una zona metropolitana de alto tránsito, lo cual eleva la gravedad del caso y evidencia fallas en la vigilancia estatal.
Aseguran pipas con hidrocarburo en Santa Catarina
En un segundo golpe contra el robo de hidrocarburo, la Guardia Nacional interceptó dos tractocamiones en el municipio de Santa Catarina que transportaban un total de 112 mil litros de combustible sin documentación legal. Ambos vehículos fueron detenidos sobre la carretera Monterrey–Saltillo, en el marco de acciones de vigilancia realizadas por la Coordinación Estatal de esta corporación.
En el primer operativo, un tractocamión fue detenido con aproximadamente 67 mil litros de líquido con características de gasolina. Minutos más tarde, un segundo vehículo fue interceptado transportando alrededor de 45 mil litros de lo que parecía ser diésel. Ninguno de los conductores pudo acreditar la posesión ni el traslado legal de los combustibles.
Todo el cargamento, así como los vehículos, fueron puestos a disposición de la FGR con sede en Escobedo. Esta acción representa un avance significativo en el combate al tráfico ilegal de hidrocarburo, pero también deja al descubierto la facilidad con la que estas redes logran operar en territorio nuevoleonés sin que existan acciones locales contundentes para frenar este fenómeno.
Inacción del gobierno estatal
A pesar de los importantes aseguramientos de hidrocarburo realizados en días recientes, el gobierno estatal no ha emitido declaraciones claras ni presentado una estrategia para atender esta amenaza. La administración de Samuel García parece enfocada en otros frentes políticos y mediáticos, mientras problemas estructurales como el robo de combustible crecen silenciosamente.
La falta de coordinación entre instancias locales y federales en materia de seguridad y control de carreteras ha sido señalada por expertos como una de las principales fallas. Además, la ausencia de vigilancia y patrullajes en zonas industriales y rutas de alta movilidad deja espacio para que la delincuencia organizada fortalezca sus operaciones.
Organizaciones de transportistas y empresarios han exigido mayor presencia del Estado en estos corredores logísticos, pero la respuesta ha sido prácticamente nula. Las rutas utilizadas para transportar combustible robado están plenamente identificadas, pero no hay una estrategia visible para bloquearlas o intervenir de manera preventiva.
Tampoco se han reportado detenciones significativas más allá de los operadores de los vehículos, lo que sugiere que las redes detrás del tráfico de hidrocarburo siguen operando sin mayores obstáculos ni consecuencias. Esta impunidad preocupa tanto a las autoridades federales como a la ciudadanía, que observa con preocupación cómo se repiten estos casos sin una respuesta estatal.
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El crecimiento del robo y tráfico de hidrocarburo en Nuevo León no solo representa un problema de seguridad, sino también de gobernabilidad. Mientras las autoridades federales realizan decomisos y operativos en campo, el gobierno estatal no ha asumido un papel activo ni ha desarrollado una estrategia integral para combatir este delito.
El hallazgo de una toma clandestina en Escobedo y el decomiso de más de 100 mil litros en Santa Catarina son solo dos ejemplos de un problema que podría ser mucho más grande. Las estructuras que permiten estas operaciones —bodegas, vehículos, logística, rutas— no surgen de manera espontánea. Requieren planificación, recursos y, sobre todo, ausencia de vigilancia.
La ciudadanía necesita respuestas claras. ¿Dónde está el plan del Gobierno de Nuevo León para impedir que su territorio sea base de operaciones del crimen organizado? ¿Cuáles son las medidas de prevención para evitar que el hidrocarburo ilegal circule con tanta libertad?
Si no se actúa con firmeza, estos casos seguirán acumulándose. Y con ellos, los riesgos económicos, ambientales y sociales que este delito implica. La responsabilidad también es local. No se puede seguir dejando todo en manos de la federación.
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