El colectivo Un Río en el Río denunció que las autoridades estatales mantienen un rezago en sus obligaciones ambientales. El grave incumplimiento de acuerdos en el Río Santa Catarina afecta la transparencia de las obras viales y de transporte actuales. A pesar de las promesas oficiales, el Gobierno de Nuevo León ignora los plazos para entregar estudios sobre impacto ambiental y riesgos hidrometeorológicos. Esta situación genera una creciente desconfianza entre los ciudadanos que buscan proteger el patrimonio natural de la región.
Autoridades Ignoran Incumplimiento De Acuerdos Para Entregar Información Técnica
La administración estatal se encuentra bajo el escrutinio público tras vencerse los términos pactados con la sociedad civil. El pasado 5 de diciembre se establecieron compromisos claros durante una audiencia pública para vigilar los trabajos en el cauce. En dicho encuentro, la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana aceptó condiciones para transparentar el avance de las obras. No obstante, los activistas señalan que ninguna de estas promesas se ha materializado hasta la fecha actual.
El punto más crítico de la controversia gira en torno a la Línea 4 del Metro y los puentes proyectados. Las autoridades debían demostrar que cuentan con los permisos necesarios y que respetan la biodiversidad del ecosistema. Sin embargo, el periodo de 30 días hábiles para presentar dicha evidencia concluyó formalmente el pasado 20 de enero. Ante este escenario, el colectivo ciudadano ha manifestado su decepción por la falta de seriedad institucional en el manejo de los recursos naturales.
Andrea Villarreal, integrante activa de la organización, confirmó que la fecha límite fue rebasada sin recibir notificación alguna. Según los manifestantes, el incumplimiento de acuerdos representa una falta de respeto a los mecanismos de participación ciudadana establecidos. Por consiguiente, la opacidad informativa impide evaluar si el desarrollo urbano pone en peligro la seguridad hídrica de la zona metropolitana. La falta de entrega de documentos técnicos eleva la tensión entre el Gobierno y los defensores ambientales.
El Riesgo Hidrometeorológico Y El Impacto Ambiental Del Proyecto
La protección del río requiere un análisis profundo sobre el comportamiento del agua ante fenómenos naturales extremos. Por ello, el Estado se comprometió a gestionar un estudio actualizado de riesgo ante el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Este documento es fundamental para asegurar que la infraestructura de la Línea 4 sea resistente y segura. Sin embargo, el incumplimiento de acuerdos mantiene a la población en la incertidumbre sobre la viabilidad técnica de estas construcciones masivas.
El compromiso también incluía transparentar el impacto ambiental derivado del parque lineal y la cimentación de nuevos puentes. La Secretaría de Movilidad debía facilitar el acceso a la evidencia completa de los términos establecidos en la MIA autorizada. A pesar de que el Gobierno presumió estos logros en comunicados de prensa, la realidad administrativa muestra un estancamiento total. Los grupos ambientalistas recalcan que presumir avances no realizados es una forma de engaño a la opinión pública.
Sin el estudio del Cenapred, no existe una garantía oficial de que las obras no alteren peligrosamente el flujo del agua. Por esta razón, el colectivo ciudadano exige que se detenga la opacidad y se priorice la seguridad de la infraestructura. El impacto ambiental no debe ser una consideración secundaria frente a la rapidez de la construcción urbana. El equilibrio entre el progreso y la conservación depende estrictamente de la transparencia que hoy brilla por su ausencia.
La Urgencia De Una Contraloría Social Y El Incumplimiento De Acuerdos
Para evitar futuros abusos, el pacto original contemplaba la creación de un Consejo Consultivo Ciudadano para el monitoreo forestal. Este órgano permitiría que expertos independientes vigilaran cada etapa de los trabajos realizados en el cauce del río. Además, se proyectó la instalación de una Contraloría Social para canalizar las quejas y observaciones de los vecinos. Lamentablemente, el incumplimiento de acuerdos ha frenado la formación de estos grupos de vigilancia necesarios.
La participación de la sociedad civil es el único freno ante posibles irregularidades en las zonas federales protegidas. Al no existir un consejo formal, las decisiones sobre la vegetación del río se toman de manera unilateral por el Estado. Los activistas insisten en que la supervisión externa no es un obstáculo, sino una garantía de calidad para el proyecto. Por el contrario, el hermetismo gubernamental sugiere que existen aspectos del desarrollo que no desean ser expuestos al ojo público.
Debido a este bloqueo informativo, el colectivo ciudadano buscará el apoyo de la Secretaría de Participación Ciudadana para mediar. La intención es forzar a las áreas técnicas a cumplir con la palabra empeñada frente a la comunidad el año pasado. El incumplimiento de acuerdos resta legitimidad a cualquier obra de movilidad que pretenda ser moderna y sustentable. La voz de los especialistas y residentes debe ser integrada de forma obligatoria en la toma de decisiones ambientales.
Futuro De Las Obras Ante El Escenario De Opacidad Estatal
El panorama legal para la Línea 4 podría complicarse si el Estado persiste en su conducta de desacato a los pactos. El incumplimiento de acuerdos otorga facultades a los ciudadanos para interponer recursos legales que podrían detener las máquinas. Si no se demuestra la legalidad total de los permisos de impacto ambiental, la obra carece de sustento jurídico sólido. Los defensores del río aseguran que llegarán a las últimas instancias para proteger el ecosistema de la región.
La administración de Samuel García debe entender que el desarrollo urbano no puede atropellar los derechos ambientales de la población. Cada árbol removido y cada columna instalada en el cauce debe tener una justificación técnica pública y verificable. El cumplimiento de lo pactado el 5 de diciembre es la única salida para evitar un conflicto social de mayor escala. La transparencia en el Río Santa Catarina es una demanda que no caducará con el paso de los meses.
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