La reciente detención de Víctor Manuel Álvarez Puga en Miami reavivó las investigaciones por empresas fantasmas y lavado de dinero. Sin embargo, las indagatorias no solo apuntan al empresario, sino también a Lergar, una empresa con sede en Nuevo León vinculada al entorno familiar del gobernador Samuel García.
Documentos oficiales y reportes periodísticos describen una red de transferencias millonarias que conectan ambas figuras a través de estructuras de facturación simulada y presuntos vínculos con el crimen organizado.
Lergar: Una Red Facturera Con Ramas Familiares
De acuerdo con expedientes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Lergar, S.A. de C.V., fue constituida en 2013 por Rosario Asenat García Morales, media hermana del gobernador Samuel García, quien controla el 70% de las acciones. El resto pertenece a Julio Alfonso Lerma Garza, socio minoritario. Aunque la empresa se presenta como un despacho de consultoría administrativa, sus registros financieros muestran movimientos irregulares y desproporcionados.
Entre 2014 y 2023, Lergar reportó ingresos totales por 1,317 millones de pesos, con una nómina que absorbió casi todo ese dinero. Pero lo que más llama la atención son los egresos extraordinarios: en 2017, por ejemplo, la compañía declaró 198 millones en ingresos, pero tuvo salidas por 1,277 millones de pesos, sin que existan documentos públicos que expliquen el destino de esos recursos.
Estas operaciones coinciden con los mecanismos utilizados por las empresas fantasmas detectadas en el esquema de Álvarez Puga, quien —junto con su esposa, la conductora de televisión Inés Gómez Mont— enfrenta acusaciones por triangulación de fondos y uso de compañías fachada para lavar dinero público.
El Vínculo Entre Samuel García, Lergar Y La Red De Facturación De Álvarez Puga
Las coincidencias no terminan ahí. Según la investigación de la fiscalía neoleonesa, Lergar realizó transferencias hacia sociedades en las que participa Fernán Pavia Puga, primo de Víctor Manuel Álvarez Puga. Este vínculo familiar y financiero sugiere que ambas redes —la empresarial de los García Morales y la de los Álvarez Puga— comparten un mismo modelo operativo.
El patrón descrito por las autoridades es claro: creación de empresas con objetos sociales amplios, dispersión de dinero a través de contratos inflados y simulación de servicios inexistentes. En todos los casos, los fondos terminan concentrándose en pocas manos, dejando rastros de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La presunta conexión entre Lergar y la red de Álvarez Puga no solo ha atraído la atención mediática, sino también la de organismos financieros, que consideran el caso un ejemplo del uso de vínculos familiares para encubrir actividades financieras opacas.
De La Pantalla A Los Tribunales: El Caso Gómez Mont Y Su Alcance
El interés público sobre el caso se intensificó tras la captura de Álvarez Puga por autoridades migratorias estadounidenses en septiembre de 2025. El empresario fue recluido en el Krome North Service Processing Center, en las afueras de Miami, mientras enfrenta un proceso judicial que podría derivar en su extradición a México. Su esposa, Inés Gómez Mont, continúa prófuga y es buscada por Interpol en más de 190 países.
Las acusaciones incluyen lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal, por un monto superior a los 2,500 millones de pesos, presuntamente desviados mediante contratos ficticios con dependencias del gobierno federal. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), parte de estos fondos habría sido transferida a través de empresas con características similares a Lergar, que hoy figura como un punto de intersección entre el entorno político de Samuel García y la red empresarial de Álvarez Puga.
El Poder Judicial Y Las Cuestionadas Liberaciones De Cuentas
La polémica también alcanzó al sistema judicial. En marzo de 2025, una resolución federal permitió descongelar las cuentas bancarias de Inés Gómez Mont y Álvarez Puga, pese a que ambos cuentan con órdenes de aprehensión vigentes. El titular de la UIF, Pablo Gómez, acusó públicamente al Poder Judicial de “facilitar el acceso al sistema financiero a personas investigadas por delincuencia organizada”.
Mientras tanto, la Fiscalía de Nuevo León mantiene abierta una investigación sobre Lergar, cuyo crecimiento repentino y millonario se considera incompatible con el giro comercial de la empresa. Los documentos revisados por la autoridad estatal apuntan a operaciones repetitivas y transferencias entre compañías vinculadas, lo que refuerza la sospecha de una estructura de lavado de dinero que implica a más actores políticos y empresariales.
Falta De Transparencia Y Silencio Desde El Gobierno Estatal
Hasta ahora, ni Rosario Asenat García ni el gobernador Samuel García se han referido públicamente a los movimientos financieros de Lergar. Tampoco se ha presentado documentación que explique las incongruencias entre ingresos y egresos, ni el origen de las transferencias hacia firmas ligadas a Álvarez Puga. El silencio del gobierno estatal ha sido interpretado como una estrategia de contención ante un caso que, de confirmarse, podría comprometer a figuras cercanas a Samuel García.
La falta de transparencia y la negativa a aclarar la naturaleza de las operaciones solo alimentan la desconfianza ciudadana. En medio de este contexto, la opinión pública exige claridad sobre si Lergar fue usada como empresa puente en una red de facturación ilícita, o si se trata de un caso más de colusión entre poder político y negocios familiares.
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