La organización Reforestación Extrema está bajo la lupa tras revelarse que el gobierno de Samuel García permitió la compra de maquinaria costosa con dinero estatal para beneficio de una asociación privada. Además, una inspección física confirmó la ausencia de árboles de la Alameda que fueron reportados como plantados y cobrados a precios inflados, dejando dudas sobre el destino de millones de pesos destinados al medio ambiente de Nuevo León.

El Escándalo De La Maquinaria Propiedad De Una Asociación Privada

Una investigación reciente basada en miles de facturas obtenidas vía transparencia reveló un beneficio inusual para Reforestación Extrema. La organización, que debería trabajar en coordinación con el Estado para mejorar las áreas verdes, ha utilizado dinero estatal para adquirir una flotilla de vehículos y equipo pesado. Esta maquinaria, valorada en más de 52 millones de pesos, no pertenece al gobierno de Nuevo León, sino que ha pasado a ser patrimonio privado de la asociación.

Entre las adquisiciones realizadas con fondos de compensación ambiental se encuentran trituradoras de madera de 14 millones de pesos y camiones de carga de gran valor. El convenio firmado durante la administración de Samuel García permite que estos recursos se depositen directamente en las cuentas de la asociación privada sin pasar por la vigilancia de la Tesorería. Esto ha facilitado que la organización acumule activos que el director, Cosijoopii Montero, ya confirmó que no serán devueltos al Estado.

Este esquema de financiamiento ha generado indignación, ya que el equipo fue comprado con recursos que las empresas aportan para resarcir daños ecológicos en la entidad. Al quedar en manos privadas, el beneficio público de este dinero estatal se diluye, transformándose en herramientas de trabajo exclusivas para una entidad que no rinde cuentas como cualquier oficina gubernamental.

Desaparecen Millones En Los Árboles De La Alameda

El proyecto de arborización en el centro de la ciudad es uno de los puntos más críticos de esta denuncia por presunta corrupción. Según los registros oficiales, se destinaron 26.1 millones de pesos para la compra y plantación de 147 ejemplares de gran tamaño. Sin embargo, un censo realizado en la zona demostró que los ejemplares con las dimensiones reportadas simplemente no están ahí, dejando un vacío físico y financiero.

La Secretaría de Medio Ambiente intentó justificar esta falta de árboles de la Alameda mediante un cambio en los criterios de medición técnica. Mientras los estándares internacionales indican que el grosor de un árbol se mide a 1.30 metros de altura, la dependencia estatal afirmó que ellos miden desde la base, donde el tronco es naturalmente más ancho. Esta explicación ha sido rechazada por especialistas, quienes señalan que es una táctica para simular que se cumplió con el contrato.

El problema no es solo la ausencia de los ejemplares, sino el riesgo ambiental que esto conlleva para una ciudad con altos índices de contaminación. El dinero estatal que debía invertirse en pulmones urbanos terminó en un proyecto que, sobre el terreno, no muestra los resultados por los cuales se pagaron sumas millonarias a Reforestación Extrema.

Detectan Sobrecostos De Hasta 171 Por Ciento En Arborización

Además de los faltantes físicos, la auditoría de facturas reveló que Reforestación Extrema pagó precios excesivos por los ejemplares que sí llegaron a plantarse. En comparativa con otros proyectos del mismo gobierno de Samuel García, se detectó que la asociación pagó hasta 38 mil pesos por árboles pequeños, cuando el precio de mercado para ejemplares similares es de apenas 14 mil pesos.

Estos sobrecostos representan un incremento de hasta el 171 por ciento, lo cual impacta directamente en la eficiencia del presupuesto público. La investigación señala que el dinero fue entregado a un grupo selecto de empresas familiares que acapararon la mayoría de los contratos de suministro. Este patrón de compras sugiere una falta de competencia y transparencia en la selección de proveedores por parte de la asociación privada.

Incluso los servicios de mano de obra y plantación fueron facturados con precios inflados. Facturas en poder de medios de comunicación muestran que se cobraron hasta 37 mil 500 pesos por plantar un solo árbol, una cifra que triplica los costos estándar reportados por la propia Secretaría de Medio Ambiente en otros comunicados. Esta disparidad en los costos unitarios refuerza la hipótesis de un manejo irregular de los fondos estatales.

Reforestación Extrema Se Gastó El Dinero Estatal

El presupuesto que debía rehabilitar los árboles de la Alameda terminó financiando una estructura de lujos corporativos y personales en Reforestación Extrema. Al no ser un ente gubernamental, la asociación evadió los filtros oficiales de adquisiciones, permitiéndose pagar 1.7 millones de pesos por una bodega y contratar seguros privados de gastos médicos. El dinero estatal se dispersó en conceptos que contravienen cualquier norma de austeridad, dejando en segundo plano la arborización urbana.

La auditoría de estos recursos destinados a los árboles de la Alameda expuso una lista de compras insólitas pagadas por la ciudadanía. Entre los artículos adquiridos por Reforestación Extrema se encuentran:

• Vestimenta y calzado: Dos bóxers por 358 pesos y botas de senderismo de 5 mil 950 pesos el par.
• Tecnología: Cuatro laptops de 153 mil pesos, un dron de 82 mil pesos y pantallas.
• Misceláneos: Un asador de 4 mil 799 pesos, una botarga de 17 mil pesos, golosinas de Costco y un aire acondicionado.
• Operativos: Servicios de community management, diseño web, seguros vehiculares, combustible y membresías.

Este manejo irregular del dinero estatal confirma que la prioridad no fue la salud de los árboles de la Alameda, sino el sostenimiento de una infraestructura privada sin supervisión real.

Falta De Transparencia En El Convenio Con El Gobierno Estatal

El núcleo del problema radica en el convenio firmado en 2023, el cual otorga facultades excepcionales a Reforestación Extrema. Al permitir que el dinero estatal de las compensaciones ambientales sea administrado por una asociación privada, se eliminan los candados de transparencia que obligan a las dependencias públicas a licitar y comprobar cada peso gastado.

La asociación se ha defendido alegando que, al ser una entidad privada, no está sujeta a las mismas leyes de adquisiciones que el gobierno. No obstante, al utilizar recursos que se originan de obligaciones legales estatales, la demanda ciudadana por claridad es creciente. Hasta el momento, miles de facturas presentan irregularidades como repeticiones constantes o documentos que fueron cancelados ante el SAT pero que siguen apareciendo en los reportes de gastos.

El Futuro De La Reforestación Y La Justicia En Nuevo León

Mientras la administración actual defiende la legalidad del proceso, los ciudadanos y grupos civiles exigen que la maquinaria y los recursos regresen al dominio público. La compra de activos con dinero estatal para una asociación privada sienta un precedente peligroso sobre cómo se gestiona el patrimonio de Nuevo León. La justicia ambiental no puede lograrse si los fondos destinados a ella se pierden en una red de opacidad y beneficios particulares.

La recuperación de las áreas verdes sigue siendo una tarea pendiente que no se resuelve con la compra de vehículos de lujo o equipo pesado para entes privados. La atención ahora se centra en las autoridades correspondientes para que realicen una auditoría formal que obligue a Reforestación Extrema a explicar el destino de cada peso y la ubicación real de los árboles de la Alameda que hoy solo existen en el papel.