Representantes de la empresa Matrimar denuncian una sistemática extorsión de MC mediante el cobro de cuotas millonarias para permitir sus operaciones en Cerralvo. El dirigente Baltazar Martínez admite su participación como intermediario en este esquema que involucra a Raúl Lozano y Mike Flores. La compañía señala un acoso administrativo constante por negarse a entregar 50 millones de pesos.
Baltazar Martínez Reconoce Su Participación Como Intermediario Del Estado
El diputado local y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez, rompió el silencio tras la filtración de audios que lo vinculan con actos de corrupción. Martínez Ríos aceptó que intervino en las negociaciones entre el Gobierno del Estado y la empresa Triturados Martínez. Según su declaración, él solamente facilitó un canal de comunicación debido a su origen en el municipio de Cerralvo.
El líder emecista evitó profundizar en los detalles sobre la petición de sumas económicas que la pedrera denunció públicamente. En su mensaje, el legislador argumentó que no posee injerencia directa en las decisiones del Ejecutivo o los municipios. Sin embargo, el audio del 27 de noviembre contradice esta postura al mostrar una gestión activa para que la empresa realizara un “pago fuerte”.
La grabación exhibe al dirigente naranja sugiriendo a los directivos de Matrimar la posibilidad de alinearse con la autoridad estatal. En la llamada, Martínez Ríos menciona contactos directos con funcionarios de alto nivel para transitar la problemática operativa. Esta admisión refuerza la teoría de una red de intermediarios políticos que operan fuera de los marcos legales establecidos.
Denuncian Extorsión A Matrimar Por Pagos De Cincuenta Millones
La gerencia de Materiales Triturados Martínez reveló que el hostigamiento estatal comenzó con una exigencia inicial de 165 millones de pesos. Los funcionarios justificaron este cobro bajo el concepto de un supuesto adeudo del Impuesto Verde. Tras demostrar que la contabilidad estaba en orden, la autoridad propuso un ajuste de impuestos por 15 millones de pesos.
Érick Aguilera, gerente de la planta, confirmó que la empresa realizó dicha transferencia a la Secretaría de Finanzas para evitar sanciones. La compañía buscaba mantener la paz laboral y evitar el cierre de su centro de trabajo mediante este depósito oficial. No obstante, la Secretaría de Medio Ambiente clausuró las instalaciones apenas una semana después de recibir el dinero.
Tras el cierre, los emisarios del gobierno estatal solicitaron una nueva suma de 50 millones de pesos, pero esta vez en efectivo. Los directivos de Matrimar decidieron no acceder a esta nueva petición por considerarla un acto ilegal de extorsión institucionalizada. Desde ese momento, la planta enfrenta una serie de inspecciones inusuales que impiden cualquier actividad productiva en la zona.
Raúl Lozano Y Mike Flores Aparecen En Red De Corrupción
El audio filtrado vincula directamente a Raúl Lozano, Secretario de Medio Ambiente, y Mike Flores, Secretario General de Gobierno, en el conflicto. Baltazar Martínez asegura en la grabación que puede interceder ante ambos funcionarios para destrabar las clausuras vigentes. El dirigente sugiere que el pago fuerte en parcialidades permitiría a la pedrera trabajar sin mayores complicaciones administrativas, haciendo referencia a un moche.
Empresarios del ramo ya habían denunciado previamente una estrategia de acoso similar por parte de estas dependencias estatales. Según los reportes, el Gobierno estatal buscaba reunir una bolsa de 450 millones de pesos mediante aportaciones de diversas pedreras. El objetivo de estos recursos sería supuestamente el financiamiento de obras de infraestructura relacionadas con el próximo Mundial de Fútbol o su propio bolsillo.
La intervención de Mike Flores y Raúl Lozano en estos procesos administrativos levanta sospechas sobre el uso de las facultades estatales. Las empresas acusan que el Estado utiliza las auditorías de Protección Civil y Medio Ambiente como herramientas de presión y extorsión económica. Matrimar sostiene que el acoso persiste porque se negaron a participar en este esquema de recaudación paralela a la ley.
Cierres Y Amparos Marcan La Disputa Legal Y Extorsión De MC
La batalla jurídica de Matrimar ha pasado por diversas instancias tras las clausuras impuestas por el Gobierno de Nuevo León. La empresa obtuvo un amparo federal que le permitía retomar sus actividades tras demostrar la ilegalidad de las suspensiones previas. Gracias a este recurso, la planta reabrió sus puertas la noche del 10 de febrero con la esperanza de normalizar su producción.
Sin embargo, la tregua duró pocas horas debido a una intervención inusual de elementos de Protección Civil estatal. Los inspectores arribaron a la madrugada del 11 de febrero para ejecutar una nueva revisión que derivó en otro cierre. La empresa califica estos actos como una represalia directa por denunciar la extorsión de MC y sus líderes.
Actualmente, las operaciones de la pedrera permanecen suspendidas, lo que genera pérdidas económicas considerables y afecta el empleo en la región ya que dejó a más de 500 personas sin sustento económico. Los dueños de Matrimar planean escalar el caso a nivel penal para que las autoridades investiguen a los recaudadores involucrados. El testimonio de Baltazar Martínez será una pieza clave en las próximas investigaciones sobre este presunto desvío de poder.
Samuel García Enfrenta Acusaciones Por Cobros De Moches Millonarios A Matriamar
El escándalo de las pedreras pone en entredicho la transparencia de la administración que encabeza el gobernador Samuel García. Las víctimas señalan que los intentos de moche ocurren de manera sistemática a través de intermediarios vinculados a su partido político. La opinión pública compara este caso con incidentes de corrupción en otros estados donde los funcionarios terminaron en prisión.
Mientras el estado enfrenta una crisis por la falta de presupuesto para el año 2026, el mandatario realiza giras internacionales de trabajo. Los críticos cuestionan que el gobernador ignore las denuncias de extorsión que involucran a sus colaboradores más cercanos y a su dirigente de partido. La falta de una postura oficial clara fomenta la percepción de impunidad dentro del aparato gubernamental.
La empresa Matrimar asegura que llegará hasta las últimas consecuencias para frenar el acoso administrativo y los cobros fuera de presupuesto. La extorsión de MC representa solo una parte de la resistencia empresarial contra un modelo de recaudación que consideran autoritario y corrupto. La justicia estatal tiene ahora la responsabilidad de investigar si existe una estructura dedicada a la extorsión institucionalizada. Parece que Samuel se está esforzando en reponer ilegalmente el dinero del Presupuesto 2026 que ya le robó a Nuevo León.
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