Representantes de la empresa Matrimar denuncian una sistemática extorsión de MC mediante el cobro de cuotas millonarias para permitir sus operaciones en Cerralvo. El dirigente Baltazar Martínez admite su participación como intermediario en este esquema que involucra a Raúl Lozano y Mike Flores.
Los propietarios de la empresa, José Santos e Ignacio Martínez Gutiérrez, han escalado el conflicto, presentaron formalmente una denuncia penal por extorsión contra funcionarios del gobierno de Samuel García. La compañía señala un acoso administrativo constante por negarse a entregar 50 millones de pesos.
Baltazar Martínez Reconoce Su Participación Como Intermediario
El diputado local y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez, rompió el silencio tras la filtración de audios que lo vinculan con actos de corrupción. Martínez Ríos aceptó que intervino en las negociaciones entre el Gobierno del Estado y la empresa Triturados Martínez. Según su declaración, él solamente facilitó un canal de comunicación debido a su origen en el municipio de Cerralvo.
El audio, que data de noviembre de 2025, revela al exalcalde de Cerralvo conversando con un directivo de la empresa sobre las condiciones para operar. El líder emecista evitó profundizar en los detalles sobre la petición de sumas económicas que la pedrera denunció públicamente. En su mensaje, el legislador argumentó que no posee injerencia directa en las decisiones del Ejecutivo o los municipios. Sin embargo, el audio del 27 de noviembre contradice esta postura al mostrar una gestión activa para que la empresa realizara un “pago fuerte”.
La grabación exhibe al dirigente naranja sugiriendo a los directivos de Matrimar la posibilidad de alinearse con la autoridad estatal. En la llamada, Martínez Ríos menciona contactos directos con funcionarios de alto nivel para transitar la problemática operativa. Esta admisión refuerza la teoría de una red de intermediarios políticos que operan fuera de los marcos legales establecidos.
Denuncian Extorsión A Matrimar Por Pagos De Cincuenta Millones
La gerencia de Materiales Triturados Martínez reveló que el hostigamiento estatal comenzó con una exigencia inicial de 165 millones de pesos. Los funcionarios justificaron este cobro bajo el concepto de un supuesto adeudo del Impuesto Verde. Tras demostrar que la contabilidad estaba en orden, la autoridad propuso un ajuste de impuestos por 15 millones de pesos.
Érick Aguilera, gerente de la planta, confirmó que la empresa realizó dicha transferencia a la Secretaría de Finanzas para evitar sanciones. La compañía buscaba mantener la paz laboral y evitar el cierre de su centro de trabajo mediante este depósito oficial. No obstante, la Secretaría de Medio Ambiente clausuró las instalaciones apenas una semana después de recibir el dinero.
Tras el cierre, los emisarios del gobierno estatal solicitaron una nueva suma de 50 millones de pesos, pero esta vez en efectivo. Los directivos de Matrimar decidieron no acceder a esta nueva petición por considerarla un acto ilegal de extorsión institucionalizada. Desde ese momento, la planta enfrenta una serie de inspecciones inusuales que impiden cualquier actividad productiva en la zona.
Raúl Lozano Y Mike Flores Aparecen En Red De Corrupción
El audio filtrado vincula directamente a Raúl Lozano, Secretario de Medio Ambiente, y Mike Flores, Secretario General de Gobierno, en el conflicto. Baltazar Martínez asegura en la grabación que puede interceder ante ambos funcionarios para destrabar las clausuras vigentes. El dirigente sugiere que el pago fuerte en parcialidades permitiría a la pedrera trabajar sin mayores complicaciones administrativas, haciendo referencia a un moche.
Empresarios del ramo ya habían denunciado previamente una estrategia de acoso similar por parte de estas dependencias estatales. Según los reportes, el Gobierno estatal buscaba reunir una bolsa de 450 millones de pesos mediante aportaciones de diversas pedreras. El objetivo de estos recursos sería supuestamente el financiamiento de obras de infraestructura relacionadas con el próximo Mundial de Fútbol o su propio bolsillo.
La intervención de Mike Flores y Raúl Lozano en estos procesos administrativos levanta sospechas sobre el uso de las facultades estatales. Las empresas acusan que el Estado utiliza las auditorías de Protección Civil y Medio Ambiente como herramientas de presión y extorsión económica. Matrimar sostiene que el acoso persiste porque se negaron a participar en este esquema de recaudación paralela a la ley.
Cierres Y Amparos Marcan La Disputa Legal Y Extorsión De MC
La batalla jurídica de Matrimar ha pasado por diversas instancias tras las clausuras impuestas por el Gobierno de Nuevo León. La empresa obtuvo un amparo federal que le permitía retomar sus actividades tras demostrar la ilegalidad de las suspensiones previas. Gracias a este recurso, la planta reabrió sus puertas la noche del 10 de febrero con la esperanza de normalizar su producción. Esta reapertura se dio tras casi cinco meses de inactividad forzada.
A pesar de que Matrimar obtuvo un amparo federal para reiniciar actividades la noche del 10 de febrero, el Gobierno del Estado burló la orden judicial mediante una nueva inspección de Protección Civil en la madrugada del 11 de febrero. Esta maniobra técnica resultó en un nuevo cierre inmediato, dejando a la planta en un limbo legal.
Actualmente, las operaciones de la pedrera se han reanudado y las más de 500 familias de Cerralvo pueden estar más tranquilas. El testimonio de Baltazar Martínez ha sido pieza clave en las próximas investigaciones sobre este presunto desvío de poder.
Samuel Enfrenta Acusaciones Por Cobros De Moches Millonarios
El escándalo de las pedreras pone en entredicho la transparencia de la administración que encabeza el gobernador Samuel García. El mandatario estatal ha rechazado públicamente cualquier conducta ilegal, defendiendo que las acciones de su gobierno se basan en adeudos y observaciones fiscales pendientes de la empresa.
Las víctimas señalan que los intentos de moche ocurren de manera sistemática a través de intermediarios vinculados a su partido político. La opinión pública compara este caso con incidentes de corrupción en otros estados donde los funcionarios terminaron en prisión.
Mientras el estado enfrenta una crisis por la falta de presupuesto para el año 2026, el mandatario realiza giras internacionales de trabajo. Los críticos cuestionan que el gobernador ignore las denuncias de extorsión que involucran a sus colaboradores más cercanos y a su dirigente de partido. La falta de una postura oficial clara fomenta la percepción de impunidad dentro del aparato gubernamental.
La extorsión de MC representa solo una parte de la resistencia empresarial contra un modelo de recaudación que consideran autoritario y corrupto. La justicia estatal tiene ahora la responsabilidad de investigar si existe una estructura dedicada a la extorsión institucionalizada. Parece que Samuel se está esforzando en reponer ilegalmente el dinero del Presupuesto 2026 que ya le robó a Nuevo León.
Auditoría Como Venganza: La Respuesta Estatal Contra Matrimar
La actual administración ha dejado de lado la rendición de cuentas para emprender una abierta revancha política. Tras la denuncia de la empresa Matrimar sobre una presunta extorsión del estado que involucra la exigencia de 50 millones de pesos, la respuesta gubernamental no fue una investigación interna, sino una ofensiva fiscal y una excusa. El uso de la Subsecretaría de Administración Tributaria para auditar a la pedrera apenas dos semanas después de su denuncia pública confirma que el Samuel utiliza las instituciones para castigar a quienes exponen sus actos de corrupción.
En este escenario, la figura de Baltazar Martínez resulta clave. Mientras el diputado es señalado como el intermediario que solicitó “pagos fuertes” en efectivo, el aparato estatal actúa como brazo ejecutor de una represalia administrativa. Es contradictorio que en noviembre la Secretaría de Finanzas certificara que la firma estaba al corriente con sus impuestos, y que hoy, tras negarse a pagar el “moche” solicitado, sea blanco de una revisión de gabinete por presuntos daños ambientales y adeudos millonarios fabricados.
Esta estrategia de venganza se hace evidente con las declaraciones del Secretario General de Gobierno, quien ahora reclama un adeudo de 500 millones de pesos, una cifra que nunca fue mencionada hasta que el escándalo estalló. La auditoría no parece buscar justicia fiscal, sino la asfixia económica de una compañía que decidió no “llevar la fiesta en paz” bajo las reglas de la extorsión. Así, mientras Baltazar Martínez se aferra a la dirigencia de MC, el Estado envía un mensaje de intimidación a todo el sector empresarial: denunciar el abuso de poder tiene un costo administrativo inmediato.
Ciudadanos Solicitan Juicio Político Contra Baltazar Martínez
La organización Federación Libertad de un Pueblo solicitó formalmente un juicio político contra Baltazar Martínez en Nuevo León ante el Congreso Local. El dirigente de Movimiento Ciudadano enfrenta acusaciones por el presunto delito de extorsión contra la empresa Matrimar. Esta denuncia ciudadana busca que el Poder Legislativo sancione la conducta del diputado tras los graves señalamientos legales en su contra.
Representantes de la sociedad civil entregaron el documento en la Oficialía de Partes para exigir sanciones legales. Los ciudadanos denunciantes vinculan al legislador con actos de extorsión cometidos en perjuicio de una compañía con sede en Cerralvo. Tras la entrega, el expediente será turnado a la Comisión de Anticorrupción para su análisis y validación parlamentaria.
La petición surge tras denuncias públicas que señalan al diputado por presionar ilegalmente a la firma Matrimar. Este conflicto judicial escaló debido a querellas previas interpuestas ante la Fiscalía por la legisladora Armida Serrato. La gravedad del delito fundamenta la urgencia ciudadana por retirar el fuero al dirigente estatal de Movimiento Ciudadano.
La Comisión de Anticorrupción deberá sesionar para dictaminar si existen elementos suficientes para proceder con la destitución. El Congreso del Estado se encuentra bajo el escrutinio público tras recibir esta solicitud formal de sanción. Los denunciantes esperan un proceso transparente y sin sesgos partidistas para garantizar justicia en el caso de extorsión.
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